BRUSELAS (Bélgica)-. El Observatorio Internacional de Vigilancia de los Recursos Naturales del Sáhara Occidental reveló que el proyecto de Ley de Finanzas marroquí para 2027, publicado a finales de octubre pasado, expone la intención de la potencia ocupante marroquí de localizar cuatro de los seis proyectos programados para la producción de “hidrógeno verde” sobre tierras saharauis ocupadas, en una violación flagrante del derecho internacional y del derecho inalienable del pueblo saharaui a la soberanía sobre sus recursos naturales.
El Observatorio explicó en su informe que la memoria explicativa del proyecto de presupuesto de 2027 (página 133) confirma la firma de “contratos iniciales de reserva de tierras” y el inicio de los estudios de ingeniería iniciales para una cartera de inversiones que comprende seis grandes proyectos industriales con cinco inversores, por un valor total de 34.000 millones de dólares estadounidenses y una capacidad de producción de hasta un millón de toneladas anuales de hidrógeno verde, distribuidos en tres proyectos en la zona ocupada de Dajla y un cuarto proyecto en la zona ocupada de El Aaiún, mientras que los dos restantes se ubican en la zona de Guelmim, Uad Nun, con una lista de inversores que incluye la alianza ORNX, formada por las empresas Ortus, Acciona y Nordics, la alianza TAQA-Moeve, la empresa ACWA Power, la coalición china formada por United Energy Group y China Three Gorges, además de la empresa Nareva, propiedad de la familia real marroquí a través del holding Al Mada, señalando que el presupuesto marroquí oculta deliberadamente las ubicaciones exactas y la identidad de los inversores que obtuvieron contratos de reserva de tierras para dos proyectos.
La responsable del Observatorio, Sarah Eyckmans, subrayó que la aceptación por parte de empresas internacionales de tierras concedidas por una potencia ocupante constituye una complicidad directa que no puede justificarse por el desconocimiento del estatuto jurídico del territorio, afirmando que los proyectos de energías renovables no están exentos del derecho internacional y que llevarlos adelante sin el consentimiento del pueblo saharaui consagra la ocupación marroquí, cualquiera que sea su carácter “verde”.
Estos proyectos son ilegales y nulos en virtud de las referencias jurídicas internacionales establecidas que rigen el estatuto del Sáhara Occidental como territorio pendiente de descolonización, en particular la Carta de las Naciones Unidas, la resolución 1514 de la Asamblea General sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, la resolución 1803 sobre la soberanía permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 1975, que negó cualquier vínculo de soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, la opinión jurídica de las Naciones Unidas de 2002 (opinión Hans Corell) y las sentencias definitivas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que confirman que Marruecos no posee ninguna soberanía ni jurisdicción legal sobre el Sáhara Occidental y que cualquier explotación de sus tierras o recursos naturales sin el consentimiento libre y previo del pueblo saharaui, a través de su representante legítimo y único, el Frente POLISARIO, constituye una grave violación del derecho internacional humanitario y de las normas imperativas del derecho internacional.
Por otra parte, Datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas de la potencia ocupante marroquí, anexos a los proyectos de Ley de Finanzas de 2026 y 2027 bajo el título “Informe sobre el suelo público movilizado para la inversión”, revelan además la magnitud alarmante de las operaciones de apropiación y cesión de decenas de miles de hectáreas de tierras saharauis ocupadas en favor de proyectos de inversión en energías renovables, minería, hidrógeno verde y agricultura de exportación, también en violación del derecho internacional, con una concentración geográfica flagrante, al registrar las tierras saharauis ocupadas el 95,70% del total del suelo movilizado para la inversión en 2024 (46.811 hectáreas de un total de 48.914), el 50,4% en 2025, y de nuevo el 94,95% en el primer semestre de 2026 (22.193 hectáreas de un total de 23.374), concentrándose en la parte norte ocupada (El Aaiún) en proyectos de energías renovables, como los parques eólicos de Bojador y El Aaiún, y la expansión minera, que acaparó el 99,63% del total de las superficies destinadas a proyectos mineros en el primer semestre de 2026.
En cuanto a la parte sur ocupada (Dajla) la cesión se centró en las grandes concesiones para la industria del hidrógeno verde, con un 63% de las tierras cedidas en 2024 mediante transferencia definitiva de propiedad y no por simple arrendamiento, seguido del dominio del sector minero con el 73,11% en 2025, y luego la expansión de cultivos industriales destinados a la exportación con más del 88% de las superficies movilizadas a principios de 2026, lo que el Observatorio considera una política sistemática para consolidar la ocupación mediante la atracción de empresas extranjeras y locales, en violación directa del derecho internacional y de las sentencias históricas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de octubre de 2024, que subrayaron que el Sáhara Occidental es un territorio separado y distinto de Marruecos y que cualquier acuerdo o inversión que afecte al territorio o a sus recursos es nulo si no cuenta con el consentimiento libre y previo del pueblo saharaui, a través de su representante legítimo y único, el Frente POLISARIO, lo que sitúa a las empresas y alianzas extranjeras implicadas bajo responsabilidad jurídica internacional.
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