Ciudad ocupada de El Aaiún, 19 de noviembre de 2025 (SPS) – El Colectivo de Defensores de los Derechos Humanos del Sáhara Occidental (CODESA) ha publicado un nuevo informe en el que se documentan los graves crímenes y violaciones cometidos por las autoridades de ocupación marroquí contra la población civil saharaui durante un período de cincuenta (50) años.
Según el informe, publicado con motivo del 50º aniversario de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental y que abarca el periodo comprendido entre el 31 de octubre de 1975 y el 31 de octubre de 2025, el número de crímenes cometidos por la ocupación marroquí asciende a 38 041, entre los que se encuentran 317 ejecuciones extrajudiciales, trece (13) personas fallecidas como consecuencia de sentencias de muerte, 390 desapariciones forzadas de larga duración, 8506 casos de daños a la integridad física y la seguridad personal, 4565 secuestros de corta duración, 1242 detenciones políticas, 8100 casos de desplazamiento forzoso de jóvenes saharauis, 636 víctimas de minas terrestres, 837 casos de impedimento a observadores extranjeros para realizar labores de supervisión, 1241 violaciones del derecho a la libertad de circulación, 9806 redadas domiciliarias e incontables casos de destrucción de propiedades.
El informe se titula “Sáhara Occidental: la última prueba de credibilidad del sistema de las Naciones Unidas”, en referencia al continuo incumplimiento por parte del sistema de las Naciones Unidas de las resoluciones de la ONU y el derecho internacional, a pesar de la presencia de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) desde 1991, con el mandato de llevar a cabo un referéndum que garantice el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.
El informe también documenta la tortura, los malos tratos y la detención arbitraria de presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes, en flagrante violación del Cuarto Convenio de Ginebra y de diversos tratados y pactos internacionales pertinentes.
Además, el informe destaca la discriminación sistemática del Estado ocupante de Marruecos contra la población civil saharaui, la confiscación de sus derechos económicos, sociales y culturales, así como el saqueo continuado de los recursos naturales en connivencia con empresas extranjeras, a pesar de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que afirman la ilegalidad de explotar estos recursos sin el consentimiento del pueblo saharaui a través de su representante legítimo, el Frente POLISARIO.
El informe asimismo aborda la creciente e intensificada política de asentamientos en el Sáhara Occidental ocupado y el sufrimiento continuo de la población civil saharaui debido a la proliferación de minas terrestres colocadas por las fuerzas de ocupación marroquíes, que causan daños al medio ambiente, a los saharauis y a sus propiedades. (SPS)
