Madrid (España), 4 de septiembre de 2021 (SPS)- La responsabilidad jurídica e histórica de España como potencia administradora del Sahara Occidental y el incumplimiento de obligaciones en el proceso de descolonización han sido los argumentos de los que se ha valido el represéntale del Frente Polisario, Abdulah Arabi, para exigir la inmediata intervención de Madrid ante la preocupante situación en la ciudad ocupada de Bojador y el grave deterioro de estado de salud de la activista saharaui Sultana Jaya.
"La Delegación Saharaui para España, denuncia la grave situación en la que se encuentra la activista saharaui Sultana Jaya y su familia, sometidos a un acoso y asedio que dura más de 290 días por parte de las autoridades marroquíes en las zonas ocupadas del Sahara Occidental y que se ha visto agravada en los últimos días al infectarse con el virus del COVID-19”, señala Arabi.
Asimismo, el responsable saharaui ha recordado que “el Frente Polisario reitera que el régimen marroquí está aprovechando la situación de guerra y el cierre de fronteras por la pandemia para instaurar un clima de miedo y represión contra los civiles saharauis de las zonas ocupadas del Sahara Occidental, última colonia de África pendiente de descolonización y cuya potencia administradora sigue siendo España”.
“Por ello, solicitamos al Gobierno de España que cumpla con sus responsabilidades como potencia administradora y, en particular, que garantice la protección de la activista saharaui Sultana Jaya y su familia y que exija al gobierno de Marruecos el respeto del Derecho Internacional Humanitario”, añade.
Sultana Jaya es actualmente una de las figuras más visibles en las zonas ocupadas del Sahara Occidental y en la confrontación directa contra las autoridades de ocupación marroquí.
Su resistencia pacifica esta llamando la atención de la comunidad internacional y movilizando colectivos para denunciar la grave situación que vive la población civil en la ciudades ocupadas y los peligros a los que están expuestos los activistas desde la violación del alto el fuego por Marruecos y la anulación del “Plan de Arreglo” vigente desde 1991.
Desde el 19 de noviembre de 2020, varias unidades de policía marroquíes impusieron un asedio alrededor de su domicilio, sometiéndola a maltratos físicos y psicológicos a ella y a toda su familia para que cesen en sus reivindicaciones pacíficas a favor de la autodeterminación e independencia saharaui.
La defensora de los derechos humanos y su familia siguen bajo arresto domiciliario, que se impuso sin una orden judicial ni ninguna base legal. Los vehículos de la policía están bloqueando la entrada a la casa.
En varias ocasiones, la defensora de los derechos humanos ha sido agredida físicamente. Los militares y policías marroquíes también impiden la visita de activistas o ciudadanos saharauis al domicilio de la familia Jaya.
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