El movimiento solidario con el Sahara "lamenta y condena" las ayudas del Cabildo para la instalación de empresas isleñas en el territorio (Comunicado)

Santa Cruz de Tenerife,10/11/2016(SPS).- La Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui (ACAPS) condenó hoy la iniciativa de la Cámara de Comercio de la provincia y  del Cabildo de Tenerife para fomentar la instalación de empresas canarias en la capital del Sahara Occidental, El Aaiún, con ayudas económicas para participar en la "la misión de prospección a El Aaiún, que se desarrollará del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2016"., según comunicado de la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui (ACAPS)

 

 

"El destino es interesante para todas las empresas canarias que quieran ofertas sus productos o servicios, entre los que se incluye las actividades relacionadas con la pesca, el sector de la alimentación y la construcción, así como el desarrollo urbanístico", explica la entidad cameral en su convocatoria.

 

ACAPS y el movimiento solidario en Tenerife, ante la aparición de la noticia de que "La Cámara y el Cabildo (de Tenerife) ayudarán económicamente a las pymes que participen en las misiones comerciales a Cabo Verde y El Aaiún", Sahara Occidental, lamenta y condena que instituciones y entidades públicas tinerfeñas colaboren a perpetuar y den carta de legalidad a la dramática ocupación que sufre el Pueblo Saharaui desde 1975 a través de iniciativas como ésta.

 

La organización también advierte a empresas y organismos de que Marruecos solo busca utilizar a dichas empresas y entidades para sus propios fines, que, en el caso del Sahara Occidental, solo son consolidar la ocupación y explotación ilegal del territorio y sus recursos y, por lo tanto, su actividad podría ser considerada "contraria a la Carta de las Naciones Unidas" e "ilegal".

 

El dictamen jurídico de la Unión Africana al respecto publicado el 14 de octubre de 2015 hace un llamamiento a los Estados miembros de Naciones Unidas que dice que “Marruecos y cualquier otra entidad deberían ser considerados responsables de los acuerdos o contratos celebrados para la exploración y/o explotación de los recursos naturales renovables o no renovables en el territorio de Sahara Occidental y deberían asegurar que todos los beneficios se dirijan al pueblo del Sahara Occidental, de conformidad con el Derecho Internacional”.

 

Y estima que “cualquier exploración y explotación de los recursos naturales renovables o no renovables por parte de Marruecos, cualquier otro estado, grupo de estados o empresas extranjeras en el Sahara Occidental, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional consuetudinario y por lo tanto ilegal, ya que viola el Derecho Internacional”.

 

Y más cercano aún en el tiempo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), un comité de la ONU experto en derechos humanos, en su último informe publicado el 4 de noviembre de 2016, publicado inicialmente en francés bajo el título de "Observations finales concernant le sixième rapport périodique du Maroc" (observaciones finales relativas al sexto informe periódico sobre Marruecos), vuelve a insistir en que "El estado parte (en referencia a Marruecos) debería reforzar el proceso de consulta con el pueblo del Sahara Occidental con vistas a obtener su consentimiento, previo, libre e informado para la realización de proyectos de desarrollo y de operaciones extractivas (de los recursos naturales)". SPS

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