MADRID (España),-. El escritor y activista español Carlos C. García ha considerado que el silencio de la comunidad internacional ante lo que ocurre en el Sáhara Occidental no representa una posición de neutralidad, sino que contribuye a afianzar la lógica de la fuerza.
En este sentido, subraya que la defensa del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación no es una cuestión simbólica ni lejana, sino una defensa del principio del Estado de derecho frente a la ley del más fuerte.
El autor explica, en un artículo publicado en la plataforma «No te olvides del Sáhara Occidental», que la cuestión del Sáhara Occidental “no representa un conflicto anclado en el pasado ni una excepción heredada del colonialismo, sino que refleja un modelo contemporáneo de relaciones internacionales basado en la imposición de la fuerza y el hecho consumado”. A su juicio, “lo que ocurre en el territorio constituye una manifestación actual del colonialismo, donde se ponen a prueba políticas de dominación, expolio de recursos y negación sistemática de la legalidad internacional”.
García afirma que la ocupación marroquí del Sáhara Occidental desde hace cerca de cincuenta años constituye “una violación flagrante del derecho internacional, una realidad confirmada reiteradamente por Naciones Unidas, el Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. Señala además que “esta situación ilegal no solo no ha sido sancionada, sino que ha seguido un proceso de normalización y justificación”, llegando incluso a lo que califica como una “recompensa política”.
El escritor sostiene que la ocupación marroquí “se ha mantenido mediante la represión, la alteración de la estructura demográfica y el saqueo de los recursos naturales saharauis”, incluidos el fosfato, la pesca, las energías renovables, los hidrocarburos y los elementos de tierras raras. En este contexto, apunta que “el Sáhara Occidental se ha convertido en un actor relevante en la disputa global por los recursos”, lo que explica el grado de impunidad del que goza Marruecos.
Asimismo, critica el denominado plan de “autonomía” propuesto por Marruecos, al considerar que “no constituye una solución política, sino un intento de dotar de apariencia administrativa a la ocupación”, negando el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y tratando de convertir una situación ilegal en un hecho permanente.
Por otra parte, García subraya la responsabilidad legal e histórica de España, en su condición de antigua potencia colonial y potencia administradora de iure, y critica el cambio de posición del Estado español sobre el Sáhara Occidental, que califica como “una cesión política realizada sin debate democrático y en contradicción con sus obligaciones internacionales”.
Finalmente, advierte de que este giro tiene consecuencias directas para el pueblo saharaui, al “consolidar la ocupación de forma indefinida”, y al mismo tiempo debilita “la posición jurídica y política de España, abriendo la puerta a una lógica expansiva que podría afectar a otros territorios”.
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