Ginebra (Consejo de Derechos Humanos de la ONU) -. Cuatro Relatoras Especiales de las Naciones Unidas enviaron una enérgica comunicación escrita al Embajador del Reino de Marruecos, expresando su profunda preocupación por la continua persecución de los defensores de los derechos humanos saharauis, en particular el caso del preso político Al-Hussein Bachir Brahim (El Hussein Amaadur) y su hermana, la activista Sukaina Amaadur.
La comunicación (Ref. AL MAR 4/2025), de fecha 17 de julio de 2025, fue firmada por Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados.
Los cuatro relatores especiales subrayan las graves violaciones del derecho internacional cometidas contra los dos defensores y denuncian acusaciones de acoso, trato humillante, insultos racistas y denegación de atención médica esencial contra los defensores de derechos humanos saharauis.
Destacan en particular el degradante registro corporal al que fue sometida Soukaina Amaadour durante una visita a la prisión que realizaba a su hermano encarcelado el 19 de junio de 2025, que estuvo acompañado de insultos racistas y amenazas por parte del personal penitenciario de Bouizakarne (una ciudad al sur de Marruecos).
Destacan además el deterioro de la salud de Al-Hussein Bachir Brahim, líder estudiantil saharaui y defensor de los derechos humanos, que cumple una condena de 12 años de prisión dictada tras un juicio por motivos políticos en 2019. Cabe recordar que el defensor de los derechos humanos había buscado refugio en España, pero fue detenido por las autoridades españolas y extraditado por la fuerza a Marruecos, donde posteriormente fue detenido y condenado.
Los cuatro Relatores de la ONU recuerdan que la detención del defensor ya fue declarada arbitraria por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria en su opinión nº 63/2024, que pidió su liberación inmediata y reparación.
A pesar de ello, las autoridades marroquíes lo han mantenido encarcelado en condiciones deterioradas, lejos de su hogar familiar, en celdas superpobladas y antihigiénicas, y sin acceso adecuado a atención médica o educación.
Los informes lo describen como alguien que sufre de problemas renales crónicos, desnutrición y debilidad extrema después de una huelga de hambre a principios de 2023, todo mientras se le negaba tratamiento hospitalario a menos que aceptara usar un uniforme para delincuentes comunes, una condición que rechazó por considerarla degradante para su condición de preso de conciencia.
Los cuatro Relatores Especiales señalan que las acciones de Marruecos violan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Marruecos en 1979, específicamente, el artículo 7, que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, el artículo 10, que exige un trato humano a las personas privadas de libertad, el artículo 12, que garantiza el derecho a la salud y el artículo 19, que protege la libertad de opinión y de expresión.
También subrayan que Marruecos no respeta las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), que exigen el acceso a la atención médica, la detención cerca de familiares y que los registros de las visitas se realicen con dignidad.
Además, la comunicación recuerda que Al-Hussein Amaadour había sido objeto previamente de tres intervenciones de la ONU (AL MAR 2/2020, AL MAR 5/2020, AL MAR 2/2023).
Los cuatro Relatores Especiales piden al Gobierno marroquí que proporcione información sobre las denuncias de tortura, acoso y denegación de atención sanitaria, aclaraciones sobre las razones por las que se han ignorado sus solicitudes de ser detenido más cerca de su familia, detalles de las investigaciones sobre el trato dispensado a Soukaina Amaadour y las condiciones abusivas de detención de su hermano, y medidas concretas que garanticen que los defensores de los derechos humanos saharauis puedan actuar libremente, denunciar los abusos y defender pacíficamente el derecho a la autodeterminación sin temor a represalias.
Subrayan que, a menos que Marruecos aborde estas cuestiones, sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos seguirán sin cumplirse. Los expertos aclaran que la comunicación, junto con la respuesta de Marruecos, se publicará en un plazo de 60 días en el sitio web del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El caso de Al-Hussein Amaadour también conlleva responsabilidad española. En 2019, España lo entregó a Marruecos en virtud de un supuesto «acuerdo de readmisión», a pesar de los llamamientos de organizaciones españolas e internacionales de derechos humanos que advertían de la persecución que sufriría. Los acontecimientos posteriores han confirmado trágicamente esos temores: detención arbitraria, malos tratos y negación sistemática de sus derechos fundamentales.
Esta no es la primera vez que los mecanismos de la ONU intervienen contra la represión de Marruecos contra los saharauis. En junio de 2023, ocho Procedimientos Especiales de la ONU, incluidos relatores sobre vivienda, minorías, derechos culturales y detenciones arbitrarias, instaron conjuntamente a Marruecos a detener la demolición de viviendas y patrimonio cultural saharauis y a poner fin a los patrones de discriminación y despojo en los territorios ocupados.
Estas reiteradas intervenciones ponen de relieve una política sistemática de persecución llevada a cabo por Marruecos contra defensores saharauis, periodistas, estudiantes y civiles comunes que se niegan a renunciar a su derecho a la autodeterminación.
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