Las Palmas de Gran Canaria, España*, 16/07/2026 (SPS).- Mediante una carta pública dirigida al rector de la Universidad La Laguna, Francisco García Rodríguez, la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS), ha señalado que la reciente misión y visita de esta alta autoridad universitaria a El Aaiún y Dajla, ciudades saharauis ocupadas por el Reino de Marruecos, en representación de la Asociación de Universidades Públicas Canarias (UPCAN), viola el Derecho Internacional Humanitario, ámbito del ordenamiento internacional que se aplica a un territorio ocupado.
En efecto, entre los días 6 a 8 de julio del presente año, esta autoridad universitaria efectuó una visita oficial a varias instituciones marroquíes que operan en contra de la legalidad internacional en el Sáhara Occidental, según lo sostiene el Gabinete de Comunicación de este centro de educación superior, para “reforzar las relaciones académicas e institucionales y explorar posibles líneas de cooperación en los ámbitos de la formación, la investigación, la transferencia de conocimiento y la innovación”.
IAJUWS le recuerda a García Rodríguez que la Universidad de La Laguna es una institución pública, financiada con recursos públicos y, por tanto, está obligada a desarrollar su actividad con pleno respeto a la legalidad, al Derecho Internacional, incluido el Derecho Internacional Humanitario y que esta exigencia reviste una especial relevancia en relación con el Sáhara Occidental, considerado por las Naciones Unidas como territorio pendiente de
descolonizar y ocupado por Marruecos.
Del mismo modo, advierte que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha reiterado insistentemente que el territorio del Sáhara Occidental no es territorio marroquí.
La Universidad de La Laguna también debe considerar, dice IAUJUWS, que de conformidad con la Corte Internacional de Justicia en la Opinión Consultiva sobre las Políticas y Prácticas de “Israel” en los territorios Palestinos Ocupados, ante la violación grave de estas normas, los Estados, en este caso España con respecto al Sáhara Occidental, tiene de forma análoga las mismas obligaciones que tienen los Estados en los territorios palestinos ocupados, entre ellas:
-Obligación de no reconocimiento. Por este motivo ninguna institución española puede reconocer la soberanía de Marruecos sobre el territorio ocupado del Sáhara Occidental.
-No puede firmar convenios con Marruecos cuando este actúe como soberano del territorio saharaui.
-No puede establecer relaciones económicas que puedan reforzar la autoridad marroquí sobre el Sáhara Occidental.
-No debe ayudar o prestar asistencia a Marruecos en ningún tipo de acción que permita consolidar la ocupación ni la anexión del Sáhara Occidental.
-Tiene la obligación de no cooperar en la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental.
-Tiene la obligación de contar con la opinión del pueblo saharaui, o su representante.
Por último, IAJUWS ha subrayado que “la cooperación con Marruecos sitúa a esta institución pública universitaria canaria contra el Estado de Derecho Internacional, conllevando graves consecuencias para el pueblo saharaui, que tal y como ha reconocido la Corte Internacional de Justicia es el titular del derecho a la libre determinación”.
Sobre este asunto que ha llamado la atención no solamente en Canarias sino en otras regiones y países, el delegado del Frente POLISARIO en España, Abdulah Arabi, ha trasladado su “malestar y preocupación” por esta visita “encuadrada en la estrategia de Marruecos de asimilar el territorio del Sáhara Occidental como propio”.
La Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui (ACAPS) y la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (ACSPS) también ha expresado su profundo malestar por este viaje considerado “incalificable” y en contra de los intereses legítimos del pueblo saharaui.
Desde América Latina y el Caribe, defensores de derechos humanos y juristas, agrupados en la Plataforma Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (PLACSO), se han sumado a estos cuestionamientos y han exhortado a las autoridades universitarias a reorientar su postura, en concordancia con el derecho internacional.-
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