Nueva York (Naciones Unidas)-.A pesar de las crónicas tentativas de Marruecos de no incluir cuestiones como la de los derechos humanos o el asunto de la autodeterminación, esta vez, Naciones Unidas ha documentado las flagrantes violaciones de los derechos humanos que comete el país vecino en las Zonas Ocupadas en su informe de este sábado.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reveló en su informe anual sobre el Sáhara Occidental, presentado durante el 80.º período de sesiones de la Asamblea General, que continúan las restricciones impuestas a los derechos humanos en el Sáhara Occidental. y ha confirmado que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos no ha podido acceder al territorio desde 2015, a pesar de las reiteradas solicitudes y las visitas previstas en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad, la última de las cuales es la resolución 2756 (2024) (párrafo 23).
Según el informe, esta privación de la supervisión independiente supone un gran obstáculo para evaluar la situación real de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.
El informe señala que las autoridades marroquíes reprimen las protestas pacíficas y las actividades a favor de la autodeterminación, lo que ha afectado «especialmente a las/los defensoras saharauis de los derechos humanos que lideran asociaciones y protestas pacíficas» (párrafo 24).
La Oficina de Derechos Humanos también recibió informes sobre la reducción del espacio civil y la imposición de restricciones cada vez mayores a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.
En cuanto al Grupo de Gdeim Izik, el informe añade que el grupo sigue «repartido por prisiones fuera del Sáhara Occidental» y vive en condiciones «caracterizadas por el aislamiento, las limitaciones en las comunicaciones con sus familias y el acceso restringido a los servicios médicos» (párrafo 26). También señala que se ha producido «al menos una muerte durante la detención» y que hay informes de trato discriminatorio contra otros presos políticos saharauis.
Cabe recordar que el derecho internacional humanitario prohíbe el encarcelamiento de ciudadanos de cualquier país ocupado por una potencia ocupante fuera de su territorio, lo que se considera una violación del Cuarto Convenio de Ginebra.
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