SPS
ONU/TERRITORIOS OCUPADOS/MARRUECOS/DERECHOS HUMANOS
La LIDLIP invita a la ONU a que organice el referéndum en el Sáhara
Occidental
03.04.04
Ginebra, 03/04/2004 (SPS) - La Liga Internacional por los Derechos
y la Liberación de los Pueblos (LIDLIP) ha invitado a la Comisión
de Derechos Humanos, que está manteniendo su 60ª sesión
del 15 marzo hasta el próximo 23 de abril, a que presione a Marruecos
para “poner en práctica el Plan de Paz y para que se solucione por
fin el asunto de la autodeterminación del pueblo saharaui”.
“Muy inquieta por la situación de los detenidos en el Sáhara
Occidental”, la LIDLIP ha señalado que “algunos detenidos han sido
objeto de torturas por medios bárbaros que causaron el fallecimiento”,
y según ella, “algunos presos murieron a consecuencia de los malos
tratos”.
Al evocar las condiciones de las cárceles marroquíes, la organización
ha subrayado que son “catastróficas”. (…) “Los locales de las cárceles
están superpoblados y la tasa de mortalidad es muy elevada en ellos”.
(…) “Las condiciones higiénicas y alimentarias son tan insalubres que
favorecen la aparición de numerosas enfermedades”.
En las cárceles marroquíes, añade la LIDLIP, “más
de 12 presos políticos saharauis están encarcelados junto a
los presos de derecho común” y la mayoría de ellos se encuentran
en la cárcel de El Aaiun, donde se amontonan “más de 700 presos,
mientras que estaba prevista para 250 personas”.
La organización se ha mostrado igualmente “muy preocupada por los
108 casos de desapariciones no aclaradas”, entre los cuales hay “una mayoría
de saharauis”.
Estas personas “estarían secuestradas en centros clandestinos, así
como en locales mantenidos aún en secreto en los barrios bajos de Rabat.
Las autoridades informan muy raramente a las familias sobre la suerte corrida
por los desaparecidos, y en algunos casos las mismas familias han sido sometidas
a intimidación para que guarden silencio”, añade la LIDLIP.
Denunció además “ las numerosas intimidaciones e insultos”
dirigidos contra los defensores de los Derechos Humanos, indicando que el
Gobierno marroquí “impide la participación de representantes
del pueblo saharaui en conferencias internacionales” poniendo el ejemplo de
una delegación compuesta por ex –desaparecidos o familiares de desaparecidos
a la que el año pasado se le prohibió dirigirse a Ginebra para
presentar su testimonio ante la comisión de la ONU, confiscándoles
al mismo tiempo sus pasaportes.
“Esta intolerable situación se ha producido de nuevo este año,
ya que los pasaportes no les han sido devueltos”, se lamentó la organización.
La LIDLIP se mostró indignada por la colonización ilegal del
territorio saharaui, denunciando de paso el muro de la vergüenza que
desde hace varios decenios sigue separando a las familias saharauis.
“El territorio del Sáhara Occidental, última colonia del continente
africano, sigue estando ocupado por Marruecos. Este país ha construido
un verdadero muro de separación en el que parece haberse inspirado
Israel”, subrayó el representante de dicha institución, denunciando
el intento de Marruecos de querer “sustituir al ACNUR para la distribución
del correo entre las familias” y su “rechazo a dar una respuesta al asunto
de las campañas de información y sensibilización que
debían llegar a los saharauis en el marco del intercambio de familias”.
(SPS)
SPS
ONU/TERRITORIOS OCUPADOS/MARRUECOS/TORTURAS
El investigador especial de la ONU, ''preocupado'' por las violaciones
de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental y en Marruecos
Ginebra, 03/04/2004 (SPS) El investigador especial de la ONU,
Theo van Boven, ha declarado sentirse ”preocupado” por las violaciones de
los Derechos Humanos cometidas por las autoridades marroquíes en el
Sáhara Occidental y en Marruecos, invitando a Rabat a que ponga término
a estas prácticas represivas.
En su intervención ante la 60ª sesión de la Comisión
de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en el punto relativo a los derechos
civiles y políticos y especialmente al examinar los casos de tortura
y detención, el investigador especial ha señalado los casos
de las arbitrariedades cometidas contra los saharauis Salek Bazeid, Ahmed
Nassiri, Mohamed Lamin Ali Lahbib Bourhil y contra un ciudadano español,
Juan Antonio Solana Marcos.
Según su informe, Salek Bazeid habría sido detenido el 24
de septiembre de 2002 en su domicilio en el Sáhara Occidental por
siete policías con ropa civil, que “lo golpearon delante de su madre,
quien fue también golpeada”.
Maltratado junto a su hermana en su propio domicilio, Salek Bazeid fue posteriormente
“brutalmente apaleado” en la comisaría de policía de El Aaiun
antes de ser trasladado al Puesto de Mando de las Compañías
Móviles de Intervención (PC-CMI) “donde permaneció durante
24 horas sin comer ni beber. Se desvaneció y fue trasladado al hospital
donde un médico se negó a admitirlo”.
El informe cita también el caso de Ahmed Nassiri, militante de la
sección Sáhara Occidental del Forum Verdad y Justicia, quien
fue detenido en junio de 2002 en Rabat cuando se dirigía a la comisaría
para renovar su carnet de identidad.
Ahmed Nassiri fue trasladado a Casablanca y luego a los locales de la policía
judicial de El Aaiun, donde fue sometido a la tortura llamada “el avión”,
por la cual una persona es atada de pies y manos a un palo colgado en alto,
con un peso sobre los riñones para tirar hacia abajo de sus hombros
y sus caderas.
El informe evoca igualmente el caso de Mohamed Lamin Ali Lahbib Bourhil,
detenido el 24 de septiembre de 2002 y conducido a la comisaría de
El Aaiun. “Con los ojos vendados y las manos atadas, le colocaron encima de
la boca y las narices un trapo empapado en orina. Sus padres no pudieron visitarlo
en la comisaría ni entregarle comida”, subraya dicho informe.
El investigador especial denuncia “la considerable prolongación del
plazo de detención, periodo durante el cual es mayor el riesgo de tortura,
tanto en derecho penal como en la ley antiterrorista, que intervino posteriormente
en el examen del segundo informe periódico”.
Señala igualmente la ausencia, durante el periodo de detención,
de “garantías que aseguren la presencia rápida y apropiada de
un abogado y un médico, así como de un miembro de la familia
de las personas detenidas; así como la ausencia de una disposición
de derecho penal que prohiba el que toda declaración obtenida bajo
tortura pueda ser luego presentada como prueba durante un juicio”. (SPS)
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