Madrid, 31/05/2007 (SPS) Varios diputados
españoles criticaron el miércoles el "cambio radical" en la
postura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el
asunto del Sáhara Occidental, pidiendo a dicho Gobierno que
desempeñe un papel "positivo" para arreglar el conflicto y
"apoyar sin reservas la legalidad internacional".
Al hacer uso de la palabra durante la reunión
de la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los
Diputados (cámara baja del Parlamento), el coordinador general
de Izquierda Unida, tercera fuerza política en España, Gaspar
Llamazares, señaló que el Sáhara Occidental es la"’principal
divergencia" que tiene su partido con el Gobierno de Zapatero.
"España, por primera vez, ha perdido su
capacidad de diálogo con las partes" en conflicto, se lamentó,
en presencia del secretario de Estado para Asuntos Exteriores,
Bernardino León. Afirmó que la posición "parcial" del Gobierno
español le ha llevado a incluir el Sáhara Occidental en su
"agenda de relaciones con Marruecos, y no con el Magreb" y a
"someter" el derecho internacional a esa orientación.
Llamazares, portavoz de Izquierda Unida en el
Congreso, observó que el cambio de posición del Gobierno
socialista es perceptible en la evolución del lenguaje
utilizado. En ese contexto, precisó que "Marruecos, considerado
antes potencia ocupante, es calificado ahora potencia
administradora, el Frente Polisario, único y legítimo
representante del pueblo saharaui, es sólo un movimiento
independentista, y el referéndum de autodeterminación pasa a ser
una opción entre otras".
A esto se añade, dijo, la abstención de España
en la ONU y las declaraciones de Zapatero durante la reunión de
alto nivel en Rabat, en la que estimó que el "plan de autonomía"
marroquí podría constituir un "punto de partida" para encontrar
una solución al conflicto.
"El Gobierno subordina su política sobre el
Sáhara Occidental a sus relaciones con Marruecos. En esa
política, la diplomacia de los intereses prima sobre la
diplomacia de los valores", declaró, afirmando que "si el
Gobierno español quiere recuperar su credibilidad y su capacidad
de diálogo y de mediación en el conflicto y desempeñar un papel
positivo, debe revisar su postura".
Por su parte, el diputado del Partido Popular
(PP, principal partido de la oposición) Francisco Ricoma,
denunció lo que calificó de "estrategia de la confusión"
adoptada por el Gobierno socialista para "disimular el cambio
radical" en su postura, a través de "declaraciones
contradictorias".
"El PSOE, que apoyaba antes la causa saharaui,
expulsa hoy de sus mítines a los simpatizantes de esta causa.
Estáis frustrando las esperanzas del pueblo saharaui", afirmó el
diputado del PP, quien estimó que el asunto del Sáhara
Occidental es utilizado por el Gobierno como un "comodín en sus
relaciones con Marruecos y Francia".
Francisco Ricoma señaló por otra parte que el
"plan de autonomía" marroquí es "incompatible" con la resolución
1754 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en cuanto
presupone la soberanía de Marruecos sobre el territorio, tesis
que está "en contradicción con el parecer del Tribunal
Internacional de Justicia", recordó.
En conclusión, el representante del PP pidió
al Gobierno socialista que vuelva a la "posición tradicional" de
España sobre el conflicto y que "apoye sin reservas la legalidad
internacional y trabaje por la aplicación de las resoluciones de
Naciones Unidas".
El diputado Luis Mardones, de Coalición
Canaria, señaló también haber notado una "inclinación" del
Gobierno español a favor de las tesis marroquíes. "Es esa la
percepción que tenemos en las islas Canarias", dijo, formulando
por otra parte el deseo de que Francia no haga una
"interpretación pro- marroquí" de la resolución 1754.
En su respuesta a las observaciones de los
diputados, el secretario de Estado para Asuntos Exteriores del
Gobierno PSOE, Bernardino León, mantuvo que no ha habido cambio
de posición por parte del Gobierno, remitiendo a los miembros de
la comisión a las "declaraciones oficiales" suscritas por el
Gobierno.
Afirmó que España apoya una "solución de
acuerdo con la legalidad internacional y, por consiguiente, una
solución justa, duradera, mutuamente aceptable y que respete el
derecho a la autodeterminación".
Bernardino León calificó la resolución 1754,
que pide negociaciones directas, de "una oportunidad histórica"
para resolver el conflicto. Insistiendo en que España quiere
"facilitar" esas negociaciones, indicó que según él, "no le
corresponde decir cuál debe ser la solución al conflicto",
añadiendo que esta solución debe sin embargo inscribirse "en el
marco de las Naciones Unidas y de sus resoluciones". (SPS)
020/090/700 310950 Mayo 07 SPS
